Understanding Public Perceptions of a New Pit Lake in As Pontes, Spain

The introduction of coal mining in the 1940’s transformed the landscape and economy of As Pontes, Spain. Industrialisation created successive waves of economic and population booms, but when the mining slowed in the 1990s, the region experienced economic depression. Real and perceived social divisions and environmental abuses on the part of the mining company remained entrenched in people’s memories. This paper provides an overview of the factors that likely affected community acceptance of the new pit lake in As Pontes, Spain. Pit lakes are often attractive closure options for companies, and community opinion of pit lakes can influence pit end use. Community perceptions of the pit lake before, during, and after filling were assessed using case studies, interviews, and focus groups, and by tracking news events and analysing internet forums. The results broadly indicated high community acceptance of the pit lake by people residing in the town. However, interviews revealed that acceptance of the pit lake was influenced by previous experiences with the mining company; company employees and local politicians were more likely to be positive about the benefits of the lake, whereas those not directly affiliated with the lake (long-term residents, remote villagers, school teachers) were more likely to have a negative view of it. Thus, technical success is not the only factor that influences community acceptance of pit lakes and company closure plans. Unresolved social issues can also influence the way certain people perceive the new landscape, regardless of ecological and aesthetic impacts.

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Urban sprawl and identity. The case of post war Madrid (In Spanish)

This article,  see Original source, reflect on the urban spraw of Madrid in teh context after the civil war in Spain, and how neighbor municipalities were adhered to the capital and lost their identity due to political and belic reasons. Indeed, today Madrid center consists of only one municipality, compared to, for instance, Copenhagen, where the city centre counts with different ones, so called kommune. Does this fact impacted the identitfy and social cohesion of both cities? Another interesting question is, to what extend is it possible to achieve a desirable social cohesion when certain urban centres lack of political administration. Think about new urbanizations, but also about pre-modern territories which never gained the status of municipalities. I am now thinking about the parish in Galicia. The municipalites were traced artificially in the XIX by just drawing a line around certain urban centres. Yet, many places and villages had their own dinamic but never become a political reality.


PABLO RIVAS

@CEBOTWIT
PUBLICADO2019-01-20 06:31:00


PUBLICADO2019-01-20 06:31:00

Anexion Municipios 1

Suroeste de Madrid en 1944. Mapa: Instituto Geográfico Nacional

Entre 1948 y 1954 la capital anexionó una docena de municipios de su extrarradio, un proceso cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días.

Pueblo de Carabanchel Bajo! La anexión de nuestro término municipal al de Madrid, que desde primeros de siglo se había producido materialmente por la continuidad de edificaciones, por la trabazón de vida y de servicios, ha llegado a convertirse en acuerdo […]. El decreto de 9 de enero de 1948, por el que este acto jurídico quedó perfeccionado, ha de ser acogido por la tradición y por la hidalguía de los carabancheleros como decisión trascendental en la que culminan los desvelos del jefe del Estado por redimir a esta población, que ya en 1940 se apresuró a adoptar para reconstruir, sobre las ruinas gloriosas de los baluartes bélicos, un trozo en el solar patrio en el corazón de Castilla y en el centro de España”. Así reza el comienzo del último bando que un alcalde de Carabanchel Bajo daría jamás a sus conciudadanos. Era el 27 de abril de 1948 y Rufino Goñi, regidor saliente, fue el encargado de la triste despedida, aunque en el texto se esforzase en terminar con un institucional “¡Viva Carabanchel Bajo en el Gran Madrid! ¡Viva Franco, que lo forja para engrandecimiento de España!”.

Sí, Franco “adoptó” a Carabanchel Bajo, Villaverde y otros pueblos “descarriados” de la geografía madrileña donde se mantuvo el pulso al ejército sublevado durante la práctica totalidad de la contienda. Fue la fórmula elegida por el organismo Regiones Devastadas para designar a las 102 localidades que habían sufrido una destrucción de su término municipal superior al 75%. Y, por supuesto, con hidalguía o sin ella, los carabancheleros no dijeron ni pío ante el hecho de que la ciudad de Madrid se comiese su pueblo. En plena posguerra el horno no estaba para consultas municipalistas ni participación ciudadana. Como apunta el historiador Antonio García Martín, los ayuntamientos nominados a desaparecer y los vecinos a anexionar asistieron al proceso “como invitados de piedra” y se encontraron de la noche a la mañana siendo ciudadanos capitalinos de pleno derecho.

MULTIPLICAR POR NUEVE LA CIUDAD

Trece fueron los municipios que fueron agregados a la ciudad de Madrid entre 1948 y 1954. En palabras de García, autor de Proceso de anexión de los municipios limítrofes de Madrid, “la importancia de este proceso solo puede compararse con el derribo de la cerca y proyecto de ensanche de la ciudad diseñado por el ingeniero Carlos María de Castro un siglo antes”, plan del que nacieron distritos actuales de la capital como Chamberí, Retiro o Salamanca.

Carabancheles 1935
Carabanchel Alto, en primer término, en 1935. Detrás, la Colonia de la Prensa y Caraanchel Bajo.

Para ver la magnitud de la operación de anexión, no hay más que echar un vistazo a las cifras. Entre 1948 y 1954 el término municipal pasa de 68 km2 a 607. Se multiplica por nueve, aumentando sus habitantes en 330.000 personas, con un total de 1.843.705 almas en 1955. Pudo ser aún mayor. 25 municipios llegaron a estar nominados —Alcobendas, Alcorcón, Pozuelo de Alarcón, Leganés o Boadilla del Monte entre ellos—. La rifa estuvo dando vueltas en los despachos desde comienzos de siglo XX, pero serían Chamartín de la Rosa, Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, Canillas, Canillejas, Hortaleza, Barajas, Vallecas, El Pardo, Vicálvaro, Fuencarral, Aravaca y Villaverde finalmente los agraciados.

Son pueblos donde hoy no hay pueblos. “Perdieron su identidad, se convirtieron en distritos”, indica la historiadora y secretaria general del Instituto de Estudios Madrileños, María Teresa Fernández Talaya. Pero, a pesar de una guerra que, en su mayor parte, los golpeó de lleno, y de una ciudad y una especulación que los sacudieron aún más, aún hoy es visible esa atmósfera de antiguo núcleo rural en algunas zonas. “Quedan cosas, claro. Fuencarral o El Pardo en el norte, por ejemplo. Fuencarral es la que menos perdió su identidad, el pueblo sigue existiendo, con su mentalidad de pueblo, su patrona y sus fiestas patronales”, señala Fernández. También siguen en pie muchas de las colonias municipales que se crearon en los años 30, como la de Nuestra Señora de las Victorias, por aquel entonces en el término municipal de Chamartín de la Rosa. Pero otros prácticamente sucumbieron: “Vicálvaro ha tratado de no perder su identidad, sobre todo con el trabajo de la Asociación [de Investigación Histórica de Vicálvaro] Vicus Albus, pero la van perdiendo, indudablemente”.

CAPITAL DEL CAPITAL

Los planes urbanísticos para la expansión de Madrid venían sucediéndose desde mediados del XIX. El citado Plan Castro, aprobado en 1860, es la primera gran extensión organizada de la ciudad —el ensanche—, por la que se crea una nueva urbe que rodeaba el casco histórico por el norte, el este y el sur. Pero la industrialización, la creación de grandes infraestructuras y la conversión de la ciudad en, como señala García, “la capital del capital”, propiciaron la llegada de una inmigración que se fue asentando en el extrarradio desordenadamente, sin ningún tipo de planificación urbanística y especialmente en las inmediaciones de caminos y carreteras. Con los años el fenómeno fue llegando a las puertas de las poblaciones contiguas a Madrid. De ahí los sucesivos intentos por organizar esa expansión que la ciudad pedía a gritos: el plan de Núñez-Granés de 1909, el Plan Zuazo-Jansen de 1929 o el Plan Besteiro, presentado en 1939 —ninguno de ellos llevado a cabo—, fueron los más representativos.

Castellana y Chamartín
Prolongación de la Castellana, entonces avenida del Generalísimo, en 1941 con Chamartín de la Rosa al fondo a la izquierda.

Y llegó la guerra, con su devastación, y la victoria franquista, con su ideario nacional-católico y centralizador. “El proceso planificador durante la primera etapa del franquismo es un proceso centralizador”, señala Rafael Fraguas, periodista y escritor que ha llevado a cabo una investigación sobre la anexión de los municipios por parte de Madrid. “El objetivo es satisfacer el deseo de expansión de la ciudad, que está creciendo, y solucionar un enorme problema que se ha planteado en función del desenlace de la guerra, porque la devastación de grandes zonas rurales del país ha provocado un éxodo hacia las grandes ciudades y Madrid es una de las que va a recibir población”. Si Madrid venía creciendo, tras la guerra lo hará más, con “un fenómeno enorme de infravivienda y chabolismo que va a acompañar el desarrollo madrileño durante muchos años”, señalaba Fraguas durante su ponencia el 11 de diciembre en el ciclo La creación del Gran Madrid: anexión de municipios limítrofes, que se ha desarrollado entre octubre y diciembre en el Museo de Historia de Madrid.

El Plan General de Ordenación de Madrid, aprobado en 1946 y desarrollado por Pedro Bidagor, es el primer planeamiento urbanístico cumplido que incluye el extrarradio de Madrid. “Bidagor es encomendado por Pedro Muguruza, el gran arquitecto del régimen de Franco, para que desarrolle el plan”, explica Fraguas. “Mano derecha de Secundino Zuazo —corresponsable del Plan de Extensión de 1929—, que en estos años está prácticamente deportado por sus sintonías republicanas, toma su herencia y sus planes de expansión hacia el norte”. Se buscaba extender la ciudad a las grandes áreas despobladas entre el extrarradio y el término municipal. Es el Gran Madrid impregnado de “capitalidad” centrada en la exaltación de los valores tradicionales y nacionalistas, la gran megaurbe española, una de las ideas base del plan de Bidagor. Como opina García, “el Gran Madrid nace preñado de ideología, pero en el sentido negativo del término, es decir, cuando esta se impone a la realidad, de tanto repetirlo el discurso social de posguerra”.

FRANCO TIENE MIEDO

El contexto en el que se produce la anexión no era el mejor para el régimen. El maquis estaba actuando a 60 kilómetros de Madrid, en la Sierra de Malagón, y una incipiente guerrilla urbana antifranquista había entrado en escena. La situación internacional tampoco era la que Franco hubiese deseado. “Acaba de terminar la II Guerra Mundial y tiene miedo a ser derrocado, incluso se hace construir un búnker en una galería de tiro debajo de la plaza de la Marina, donde hoy está el Senado”, relata el periodista. El dictador desconfía del Madrid del “no pasarán”. “El régimen consideraba que la ciudad había sido desleal, republicana toda la contienda”, añade el escritor. Incluso Ramón Serrano Suñer, el Cuñadísimo —apodo que obtuvo por ser cuñado de Franco—, uno de los principales artífices del régimen en sus primeros años, planteó llevar la capital a la leal Sevilla.

Los municipios a anexionar habían sido, como la capital, desleales a la cruzada fascista. Como resalta Fraguas, “habían permanecido en la esfera de la República y ninguno se había alzado”. Es una de las variables que apunta el escritor para su elección como pueblos a anexionar. En esas localidades, y sobre todo en sus asentamientos populares, “había una frontera de tipo ideológico y simbólico, ahí vivían los rojos, ahí se alzaron contra el alzamiento y ahí mantuvieron el tipo durante tres años ejércitos de albañiles en Usera y en Vallecas”.

Anexion municipios 2
Mapa del nordeste de Madrid en 1944, con Hortaleza, Canillas, Canillejas y Vicálvaro. Mapa: Instituto Geográfico Nacional.

La gran capital tenía, además, una competidora directa. Barcelona llegó en los años 30 a superar a Madrid en las esferas demográfica, económica e industrial. Fraguas, además de otros historiadores como Fernando de Terán, apuntan a la superación de la capital catalana —que ya había culminado su plan de agregación de municipios que comenzó mucho antes, en 1897— como una de las principales motivaciones del plan de anexión. “Franco estaba obsesionado con esa pujanza que Barcelona había conseguido en los años 30 —relata Fraguas—, no quiere destruir el emporio catalán pero quiere emularlo y superarlo, y así es como lo consigue”.

DE LA ANEXIÓN A LA BURBUJA

Así, la fiebre por conseguir la gran capital de la España nacional-católica y castellana se llevó consigo a los pueblos donde vivían las clases populares que le habían desafiado en un proceso cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días. “La anexión va a suponer un trasiego muy grande de suelo —indica el periodista—, y ese suelo pertenece sobre todo a sectores de la aristocracia”. La nobleza, históricamente monárquica, es paulatinamente apartada del poder político por la República, un proceso que continuaría el dictador, pero no le arrebata todo: “Franco también la descabeza del poder político, pero le otorga un poder económico importante”. Los movimientos de compraventa de suelo, el encarecimiento del precio del mismo y la expansión de la ciudad son, para el escritor, “el germen de la especulación”, un proceso que llega hasta nuestros días. “Hay un capital industrial que apuesta y extrae esa plusvalía del trabajo para generar riqueza, pero hay otro capital especulador que adquiere con el tiempo la hegemonía y que va a sentar las bases de desórdenes a los que hemos asistido y estamos asistiendo”. Se produce así una importante y gradual revalorización del suelo del extrarradio, utilizado ahora para uso residencial e industrias con este capital. “Franco permitirá a esa clase aristocrática que negocie con el suelo, un suelo que se va a convertir en un producto comercializable, ya que va a requerir una serie de infraestructuras. Sí, considero que ahí está el origen de la especulación a gran escala”, remarca.

Su opinión, sin embargo, no es compartida por María Teresa Fernández. “Yo no creo que tenga nada que ver, no creo que en la zona norte de Madrid se hayan anexionado pueblos para luego crear grandes colonias de lujo”, apunta la historiadora, quien sí ve como posibles “errores” algunas anexiones. “En Vallecas, por ejemplo, fue muy interesante la anexión: el pueblo estaba ya prácticamente en Madrid, era el granero de la ciudad, tenía los terrenos y cultivaba lo que la ciudad necesitaba. Traían leche y estaban la vaquerías. Fue una incorporación muy positiva para Madrid y para Vallecas, pero a lo mejor otras no fueron tan necesarias, como Fuencarral o El Pardo”. 
Erróneo o no, lo cierto es que la operación de anexión supuso un antes y un después para la ciudad, y sentó las bases del Madrid de hoy. Una urbe partida en dos por un muro invisible que separa a un noroeste próspero —arbolado, rico en agua, de suelo granítico y residencia y destino de veraneo tradicional de la burguesía— de un sureste pobre —seco, sin masas forestales, de hidrología pobre y suelo yesífero—, algo a lo que, como finaliza Fraguas, contribuyó el planteamiento del régimen en los años 40 y 50: “La zonificación propuesta por los proyectistas y urbanistas del franquismo asignó a las clases acomodadas y a la aristocracia residual áreas residenciales extraordinariamente orientadas y aireadas en el norte de la ciudad y, para las clases subalternas, el sur y el este”. Nada que suene desactualizado en el Madrid del siglo XXI. LOS TRECE CAÍDOSChamartín de la Rosa. 1948. La villa que creció junto al palacio de los Duques de Pastrana fue la primera en ser anexionada.Carabanchel Bajo. 1948. Antiguo retiro vacacional de la aristocracia, ya estaba físicamente unido a la capital en el momento de su anexión.  
Carabanchel Alto. 1948. Al contrario que su hermano homónimo, mantenía cierta vida agrícola en el año en que pasó a formar parte de Madrid. 
Barajas. 1950. La inauguración del aeropuerto, en 1931, marcó la anexión del pueblo, a pesar de ser uno de los más lejanos sobre los que pesaba la amenaza. 
Canillas. 1950. El núcleo antiguo de la pequeña villa rural de Canillas, famosa por su vino moscatel, apenas tenía un centenar de habitantes a principios de siglo.Canillejas. 1950. La villa situada junto a la carretera de Aragón, con 10,06 km2, es el término municipal más pequeño de los trece anexionados.Hortaleza. 1950. El pequeño pueblo de Hortaleza fue el municipio que menos población aportó a Madrid: 1.518 habitantes.Vallecas. 1950. A pesar de ser una importante villa, el conocido entonces  como ‘granero de Madrid’, no se libró de ser anexionado al ‘Gran Madrid’.Aravaca. 1951. Aún hoy separado de Madrid, el pueblo de Aravaca estaba situado junto a la carretera de La Coruña.Fuencarral. 1951. La villa al norte de la capital aún hoy mantiene cierto ambiente de pueblo en su núcleo antiguo.El Pardo. 1951. La anexión de El Pardo tuvo más que ver con motivaciones políticas —en su palacio se asentó Franco— que funcionales.Vicálvaro. 1951. Vicálvaro dejó de ser un municipio en 1951, pero ya en 1884 perdió parte de su territorio en favor de Madrid. Villaverde. 1954. El último en ser anexionado fue prácticamente destruido durante la Guerra Civil. 

El ‘modus operandi’ del Ibex 35 en América Latina

Un informe de Ecologistas en Acción y OMAL, entre otros, denuncia las malas prácticas de las grandes corporaciones españolas en Latinoamérica

07 febrero 2018
20:26
El ‘modus operandi’ del Ibex 35 en América Latina
Vista aérea de una zona deforestada en Pará (Brasil). Foto: Alberto César / Greenpeace.

Grandes empresas del Ibex 35 con negocios en América Latina vulneran derechos elementales de las personas y el medio ambiente bajo “patrones sistemáticos” que van desde el supuesto pago de sobornos hasta la infiltración de colectivos que se oponen a sus megaproyectos, según el informe El Ibex 35 en guerra contra la vida, realizado por  Ecologistas en Acción, con ayuda del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y la organización Calala Fondo de Mujeres.

El informe, elaborado por Miriam García-Torres, analiza los conflictos socioecológicos y la violación de derechos relacionados con algunas prácticas de las transnacionales españolas. En este sentido, recuerdan la tragedia medioambiental de la represa Belo Monte (Brasil) -en cuya propiedad participa Iberdrola-; el impacto causado por la actividad de Repsol en la Amazonía peruana y los problemas generados en México por Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia, entre otros.

El informe arranca citando a numerosas instituciones y organismos internacionales que arrojan datos impactantes. Por ejemplo, 69 de las 100 entidades económicas más poderosas del mundo son multinacionales, no Estados. Las 10 corporaciones más grandes del planeta registran un volumen de negocio superior a la suma del PIB de 180 países.

Las estrategias de acumulación de poder de estas multinacionales han evolucionado con el tiempo, pero el objetivo sigue siendo el mismo: “Dar prioridad a la generación de beneficios económicos por encima de cualquier proceso de reproducción de la vida”, sostiene García-Torres. América Latina, región periférica en el capitalismo global, es uno de los objetivos geoestratégicos más importantes para las grandes corporaciones de España, uno de los principales socios comerciales de la región.

El informe desvela las prácticas de las grandes corporaciones y pone en tela de juicio los métodos empleados para obtener el petróleo, el cobre o la madera, entre otras materias primas. Tal y como recoge este trabajo, no es casual que dos de cada tres activistas asesinados en 2017 realizaran su labor en América Latina (en total, más de 300 personas según Front Line Defenders), una región que desde tiempos coloniales depende económicamente de la exportación de materias primas a los países industrializados del norte. Tampoco lo es que el 40% de esas víctimas fueran indígenas. “Los asesinatos son solo la punta del iceberg de un patrón sistemático para acallar a quienes se enfrentan a los intereses corporativos, que incluyen amenazas, hostigamiento y detenciones, entre otras agresiones”, sostiene García-Torres, especializada en conflictos socioecológicos y en ecología política feminista.

Indígenas y campesinos

Las violaciones de derechos humanos que cometen algunas grandes corporaciones españolas en América Latina presentan varios factores en común, según la investigación de García-Torres. Por lo general, tienen lugar en territorios en manos de indígenas y campesinos, dos grupos especialmente vulnerables que padecen la impunidad de altos cargos directivos y políticos en la región. Estas prácticas corporativas utilizan y al mismo tiempo profundizan la desigualdad entre hombres y mujeres en las comunidades afectadas, sostiene el informe. Como consecuencia, la llegada de multinacionales españolas acelera la pérdida de soberanía alimentaria y política de quienes habitan esas zonas, especialmente de las mujeres.

Otro punto en común de la ‘marca España’ en América Latina es la puesta en marcha de megaproyectos de distinta índole sin llevar a cabo ningún tipo de consulta previa con las personas afectadas por los mismos, tal y como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Para solventar estos escollos, las transnacionales cuentan con importantes aliados en grandes medios de comunicación y usan la influencia de exaltos cargos políticos (puertas giratorias).

También es frecuente, según denuncia el informe, que la actividad de las compañías del Ibex 35 en suelo latinoamericano tengan una incidencia especialmente desastrosa sobre los recursos hídricos y la tierra, dando lugar a graves casos de deforestación, pérdida de biodiversidad y fragmentación de ecosistemas, entre otros impactos ecológicos. Este factor, agravado por la falta de transparencia, aparece de la mano de prácticas también habituales en las multinacionales españolas, como el pago de sobornos, la creación de redes clientelares, la extorsión e incluso las injerencias en colectivos y organizaciones locales, añade el documento. “Estas agresiones no siempre son cometidas directamente por los actores corporativos, pero todas ellas tienen lugar en el marco de los conflictos originados por sus actividades y están dirigidas a asegurar los intereses económicos de sus inversiones”, matiza Ecologistas en Acción.

Repsol: gas a toda costa en la Amazonía peruana

El caso de Repsol en Perú es uno de los más ilustrativos para comprender la dinámica que caracteriza el quehacer de las transnacionales españolas en América Latina. La petrolera española participa en el proyecto de gas de Camisea (Amazonía peruana), un negocio financiado por BBVA y participado por otras compañías con sede en Madrid. En Camisea se extrae el 95% del gas que produce Perú y afecta a un territorio protegido en el que habitan siete importantes comunidades indígenas, tres de ellas en situación de aislamiento voluntario.

Desde su llegada a Perú, Repsol jugó a influir en el gobierno para promover cambios legales que facilitasen su negocio a toda costa. Primero se benefició de las medidas del exdictador Alberto Fujimori, que abrió la puerta a las multinacionales extractivas, y más tarde aplaudió las medidas del expresidente Ollanta Humala (hoy preso por un caso de  corrupción que involucra a la española Enagás) en detrimento de la protección medioambiental e indígena, una tendencia que hoy continúa el presidente Pedro Kuczynski.

El informe repasa los megaproyectos de Repsol y sus sociedades en Perú, y cuantifica sus impactos: 10.000 barriles de gas licuado derramados en 2013, contaminación de acuíferos, merma de la fauna ictiológica (“un mito”, según un directivo de Repsol) y silvestre (se redujo en un 67%), y una constante precarización del trabajo y pérdida de soberanía alimentaria de las comunidades locales, cada vez más afectadas por los estragos naturales de la petrolera española y el entramado de sociedades con que opera en el país que alberga la segunda mayor reserva forestal de América Latina. Actualmente, el 80% de los indígenas nahua, uno de los pueblos afectados, padece contaminación por mercurio asociada a las explotaciones gasistas de Camisea.

ACS: las represas de la codicia en Guatemala

La constructora de Florentino Pérez también está envuelta en escándalos que reflejan la impunidad de las transnacionales españolas en América Latina. ACS participa en la construcción de tres plantas hidroeléctricas en el complejo Renace, el más grande de Guatemala. A través de su filial Cobra, el Grupo ACS usa sus nexos con el poder político guatemalteco y español para obtener beneficios y cambios legislativos que facilitan su negocio, en perjuicio del medio ambiente y de quienes viven del río Cahabón, el más importante del país.

ACS y otras empresas involucradas en este megaproyecto aseguran que están beneficiando al país. Sin embargo, el departamento de Alta Verapaz, que alberga numerosas poblaciones indígenas y un tercio del negocio hidroeléctrico, es la que menos cobertura eléctrica tiene en todo Guatemala. Solo el 3% de su población local atiene acceso a agua potable y los conflictos sociales han estallado debido a los daños que causa la multinacional española en los recursos hídricos de esta y otras regiones, así como la negativa de ACS a negociar con poblaciones locales, la invasión de pequeñas tierras en manos de familias que se niegan a venderlas. Al menos 263 defensores y defensoras ambientales críticos con este proyecto hidroeléctrico han sido atacadas, según datos de la UDEFEGUA. “Somos la mano de obra de los promotores, sin ninguna responsabilidad social”, declaró una fuente de Cobra citada en el informe.

Corredor eólico en México

En una franja de Oaxaca, sureste de México, conocida como Istmo de Tehuantepec, viven cinco pueblos indígenas. Los vientos de este territorio hacen que sea un lugar muy atractivo para la generación de energía eólica. Actualmente varias corporaciones españolas construyen allí el corredor eólico más grande de América Latina (5.000 aerogeneradores), un proyecto que también se rige por el modus operandi de la ‘marca España’ en la región que describe el informe.

Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Acciona y Renovalia controlan más de la mitad de los parques eólicos del Istmo de Tehuantepec, y el 87% de sus aerogeneradores salieron de las plantas de Gamesa y Acciona. Este megaproyecto tampoco está exento de problemas: denuncias por apropiación de territorios y bienes comunes; problemas de discriminación (la población local sigue teniendo graves carencias de acceso a electricidad), pérdida de biodiversidad (allí convergen las principales rutas de aves migratorias), alteraciones en el cauce de los ríos, pérdida de tierra fértil, vertidos masivos de aceites y otros desechos…

El documento pone énfasis en cómo la falta de transparencia y diálogo con comunidades locales han hecho que este megaproyecto destruya el tejido social de ese territorio. Las multinacionales españolas mencionadas, especialmente Iberdrola, están acusadas de corromper a funcionarios públicos y ciudadanos para que se infiltren en las asambleas locales que denuncian y resisten ante estas prácticas. La supuesta connivencia entre las trasnacionales españolas y el poder político en México llega al punto de que son agentes de policía y militares quienes hacen de guardias privadosen las instalaciones privadas de estas empresas. “Tanto es así que las comunidades locales han denunciado amenazas, intimidaciones y amedrantamiento por parte de personal de Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia”, recoge el informe. Este también informa de que, “en algunos casos, personas defensoras y periodistas que trabajan sobre el conflicto han recibido amenazas de muerte, y se han reportado actos de violencia física y agresiones con armas de fuego”.

Más desigualdad entre hombres y mujeres

Las prácticas de las multinacionales en América Latina están agravando y aprovechando al mismo tiempo la desigualdad entre hombres y mujeres, explica García-Torres en el documento. Por un lado, las compañías españolas analizadas dan prioridad a las negociaciones bilaterales, dejando de lado el diálogo colectivo y excluyendo a las mujeres en la toma de decisiones. Al mismo tiempo, estas corporaciones fomentan contrataciones precarias que dificultan la independencia de las mujeres. La violencia que se genera en torno a estos negocios y la frecuente militarización de los territorios afectados también representa una traba en el empoderamiento de las mujeres latinoamericanas. A pesar de todo esto, son ellas las que cada vez con más frecuencia lideran las luchas y resistencias frente a las crisis ecológicas, humanitarias y económicas que generan las multinacionales.

La publicación de este informe estuvo acompañada por un acto de protesta de varios activistas ante la Bolsa de Madrid. El documento subraya la importancia de crear leyes internacionales con carácter vinculante para evitar que estas prácticas sigan perpetuándose. Además, insta a la Unión Europea a suspender las negociaciones para la firma de nuevos tratados de libre comercio, al considerar que “refuerzan la arquitectura jurídica de la impunidad a favor de las transnacionales”, y anima a las autoridades a potenciar las formas de economía social, bajo criterios ecologistas y feministas.

[Spanish politics] Mi participación en el debate sobre las últimas elecciones gallegas

Health and happiness: cross-sectional household surveys in Finland, Poland and Spain

Abstract

Objective

To explore the associations between health and how people evaluate and experience their lives.

Methods

We analysed data from nationally-representative household surveys originally conducted in 2011–2012 in Finland, Poland and Spain. These surveys provided information on 10 800 adults, for whom experienced well-being was measured using the Day Reconstruction Method and evaluative well-being was measured with the Cantril Self-Anchoring Striving Scale. Health status was assessed by questions in eight domains including mobility and self-care. We used multiple linear regression, structural equation models and multiple indicators/multiple causes models to explore factors associated with experienced and evaluative well-being.

Findings

The multiple indicator/multiple causes model conducted over the pooled sample showed that respondents with younger age (effect size, β = 0.19), with higher levels of education (β = −0.12), a history of depression (β = −0.17), poor health status (β = 0.29) or poor cognitive functioning (β = 0.09) reported worse experienced well-being. Additional factors associated with worse evaluative well-being were male sex (β = −0.03), not living with a partner (β = 0.07), and lower occupational (β = −0.07) or income levels (β = 0.08). Health status was the factor most strongly correlated with both experienced and evaluative well-being, even after controlling for a history of depression, age, income and other sociodemographic variables.

Conclusion

Health status is an important correlate of well-being. Therefore, strategies to improve population health would also improve people’s well-being.

Miret, M., Caballero, F. F., Chatterji, S., Olaya, B., Tobiasz-Adamczyk, B., Koskinen, S., … & Ayuso-Mateos, J. L. (2014). Health and happiness: cross-sectional household surveys in Finland, Poland and Spain. Bulletin of the World Health Organization, 92(10), 716-725.

Discusión sobre sistemas urbanos policéntricos. El caso de Galicia.

Galicia es una Comunidad Autónoma (CC.AA) situada en el noroeste del Estado Español. Con cerca de tres millones de habitantes, cuenta con un sistema policéntrico de ciudades en contraposición al modelo céntrico existente en otras Comunidades Autónomas como Cataluña, Madrid o Valencia donde una sola ciudad se erige como centro el sistema urbano. En concreto, existen en Galicia siete ciudades como son A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra (estas cuatro a su vez capitales de provincia) y Vigo, Ferrol y Santiago de Compostela (Esta última capital de la CC.AA). De entre todas ellas, Vigo y A Coruña son las de mayor importancia en términos de población con más de 250 mil habitantes. Cada una de ellas ejerce, a su vez, de centro de un sistema subregional situado al norte y sur de la CC.AA.

En este contexto, me gustaría hacer una descripción del modelo territorial y sus posibles modificaciones. Tarea para la cuál tomaré como referencia el trabajo de Andrés Precedo, geógrafo y académico que posiblemente más ha influído en la concepcion del modelo territorial de Galicia en, por ejemplo, el diseño de su comarcalización. En concreto, tomaré como referencia uno de los artículos que el propio Precedo publica el 20 de abril de 2015 en un conocido período regional bajo el título de Una gran ciudad para la Galicia del siglo XXI” y en el que de forma sintética expone buena parte de los principios sobre los que se asienta su perspectiva del territorio.

En este artículo, el catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela habla de que “Galicia necesita consolidar un polo económico de competitividad suficientemente fuerte y dimensionado para competir con otros polos metropolitanos que se están planificando en otros países europeos”, apoyando así lo sostenido por informes recientes elaborados por Think Tank Metropolitano de Galicia. Precedo, sin embargo, llama la atención sobre la “difícil viabilidad más allá de una idea” de algunos de los modelos que están actualmente sobre la mesa y que contemplan la creación de una gran ciudad única que aglutine la totalidad de ciudades de la CC.AA, como es el proyecto de “El Corredor Metropolitano del Eje Atlántico”. Su implantación territorial y su sentido identitario sería, afirma, “excesivamente complejo y difuso”. Por el contrario, Precedo habla de la posibilidad de retomar la idea de regiones urbanas incluidas en las directrices de ordenación del territorio de Galicia y que ya antes habían sido objeto de numerosos estudios. Dicho modelo se centraría, en primer lugar, en la constitución de la “Ciudad Ártabra”, es decir, el espacio que cubre las dos ciudades más al norte, A Coruña y Ferrol; como forma de crear “esa gran ciudad a la que el galleguismo histórico siempre aspiró y en el cuál muchos de nosotros hace tiempo creemos”. En otras palabras, la apuesta del geógrafo gallego estaría encaminada hacia un modelo centrípeto donde un área urbana más o menos compacta ejercería de centro del conjunto de la Comunidad Autónoma, configurándose así como “una plataforma económica y un entorno natural muy valioso susceptibles de sostener esa gran ciudad que nuestra región necesita”.

Los motivos que le llevan a defender este modelo son, por un lado, los [1] “fuertes vínculos funcionales de las comarcas que componen en eje A Coruña-Ferrol, es decir, Bergantiños (Carballo), A Coruña, Betanzos, Eume (As Pontes) y Ferrolterra”. Por otro lado, porque dicha área [2] “aporta casi la mitad del VAB de Galicia (47,9 %), y el 38 % del empleo, con una [3] población que supera los 700.000 habitantes, [4] y concentra importantes sedes corporativas (Inditex, Zara, Pull &Bear, Estrella Galicia, Abanca, La Voz de Galicia, R Comunicaciones, Navantia, etcétera), la principal concentración de empresas TIC y el mayor polo de producción energética de España (Repsol, Reganosa, Gas Natural-Fenosa, Endesa), [5] además de un potente sistema portuario” que, afirma, necesita “rentabilizar las inversiones y optimizar su atractivo exterior”.

A continuación me gustaría aclarar una serie de cuestiones que vendría a contradecir, en primer lugar, el optimismo de Precedo a propósito de constituir la “ciudad ártabra” como polo económico en un contexto global, para posteriormente poner en tela de juicio la obligatoriedad de una región dada de constituir una gran ciudad como forma de ejercer de polo económico en un contexto de creciente globalización.

[1] “Fuertes vínculos funcionales de las comarcas que componen”. Precedo habla de unos supuestos vínculos funcionales en todas las comarcas que componen el área A Coruña. Es posible que esto se refiera exclusivamente a la existencia de vías de comunicación más o menos articuladas y a una suerte de especialización e interdependencia de todas las comarcas. Sin embargo, llama atención, en primer lugar, la precariedad de las comunicaciones en ferrocarril entre los dos grandes núcleos urbanos que la componen A Coruña y Ferrol, así como la absoluta inexistencia de tren en dirección a la comarca do Eume (As Pontes). Pero lo que de verdad hace pensar en que dichos vínculos son inexistentes es la escasez de especialización de las diferentes comarcas ya que en todas ellas se da el mismo sistema productivo, esto es, existencia de polígonos industriales y políticas de atracción de inversores. No existen, por el contrario, comarcas especializadas en el sector primario, turismo, naturaleza, etc. Por otro lado, el declive demográfico de toda esta área es evidente. Cuando los flujos migratorios son interiores, estos siempre van en una sola dirección, es decir, concentración en la ciudad de A Coruña y alrededores.

[2] “aporta casi la mitad del VAB de Galicia (47,9 %), y el 38 % del empleo”. No se está teniendo en cuenta que este alto porcentaje responde, entre otros factores, a la localización de grandes grupos empresariales energético, como es el caso de Arteixo, As Pontes, Cerceda, Cervo y As Somozos. Sin embargo, esto no es sinónimo de dinamismo económico ni mucho menos, se trata simplemente del valor añadido generado por la explotación de recursos naturales que en ningún caso encuentran su paragón en términos de empleo, como son la energía térmica en As Pontes y Cerceda, la hidráulica o la eólica fundamentalmente. La prueba está en que el porcentaje de empleo del área Coruña-Ferrol en el conjunto de Galicia es diez puntos inferior que el porcentaje del VAT. Tanto es así que, si tratásemos de medir cuál es el ayuntamiento con más PIB per cápita de Galicia, los resultados son verdaderamente llamativos. Ayuntamientos de zonas eminentemente rurales y en claro declive demográfico como Muras (Lugo) con 103.890 euros por cada una de las 790 personas que tiene como población, se sitúa en el primer puesto, seguido por otros como Carballeda de Valdeorras (100.717 euros por habitante); As Pontes de García Rodríguez (85.804 euros); San Cibrao das Viñas (78.376); As Somozas (67.683); Arteixo (65.574); Cerceda (64.988); Cervo (63.505); Rábade (48.275); y O Porriño (41.858).

[3] “Población que supera los 700.000 habitantes”. Sin embargo, existe otra zona de Galicia, como son las Rías Baixas, cuyo vínculo funcional es, al menos, equiparable, y cuyo número de habitantes se acera al millón o que sólo el área metropolitana de Vigo, sin duda el área más compacta de la región, se aproxime al medio millón de habitantes. A esto habría que añadir el hecho de que el área geográfica que abarca la Ciudad Ártabra es mucho mayor al incluir comarcas relativamente alejadas y cuyos vínculos no están del todo claro. Por si fuera poco, dos de las comarcas que la componen, como son Eume y Ortegal registran una de las mayores concentraciones de aldeas abandonadas, indicador este del marcado declive demográfico de la zona (Neira, 2014)

[4] “Y concentra importantes sedes corporativas, la principal concentración de empresas TIC y el mayor polo de producción energética de España”. Este, hecho, en comparación con el otro gran polo de la economía gallega, la zona sur alrededor de Vigo, podría ser cierto en la medida en que existen más sedes de empresas cuya origen se encuentra en la propia Comunidad Autónoma. Al contrario de lo que sucede en Vigo donde una sola empresa, extranjera, ejerce de gran motor económico de toda la zona. De cualquier forma, es importante tener en cuenta que muchas de esas empresas, primero, no tiene la sede central en Galicia sino sólo su actividad económico, a menudo relacionada con los recursos naturales, como son Repsol, Reganosa, Gas Natural-Fenosa, Endesa. Por lo tanto, más que hablar de “el mayor polo de producción energética de España” habria que hacerlo del “mayor polo de extracción de recursos naturales”. Por si fuera poco, los procesos de privatización y salida al mercado internacional de muchas de estas empresas, incluida la antigua caja de ahorros Abanca, hacen que existe una mayor incertidumbre ante los posibles cambios en la coyuntura internacional. Llama por último la atención como el autor no aporta ningún ejemplo de empresa TIC cuando habla de la “principal concentración” de este tipo de empresas o el hecho de que incluya entre las “importantes sedes corporativas” la de uno medio de comunicación escrita, el mismo en el que acostumbra publicar sus artículos.

[5] “Además de un potente sistema portuario”. Cuando el profesor Precedo habla de un pontente sistema portuario se refiere a la existencia de dos macro-puertos situados el uno del otro a 50 kilómetros por tierra y apenas a veinte por mar. Y cuya construcción es, posiblemente, el mejor ejemplo de cómo se ha manifestado la política del “ladrillo” durantes los años del boom que precedieron a la crisis. Política que en otros sitios ha resultado en aeropuertos u otras majestuosas infraestructuras en desuso. Al menos es el lo que se deduce de tres hechos. Primero, la localización del puerto exterior de A Coruña ha sido criticada en reiteradas ocasiones. El hecho de encontrarse en mar abierto ha supuesto todo un hándicap, hasta el punto de su uso podría verse restringido a determinados meses del año debido a factores meteorológicos. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, debido al sobrecoste de proyecto. El precio final de la dársena exterior de A Coruña será de 753 millones de euros, es decir, 270 millones más de lo previsto, sobre el 55% del presupuesto inicial. Por último, la cercanía de ambos puertos y su dudosa funcionalidad hace pensar que su construcción podía haberse debido a factores relacionados con una conocida cultura localista entre determinados sectores del espectro político.

Llama la atención la composición de la ciudad Ártabra propuesta. Esta incluye sólo municipios de la provincia de A Coruña. Las Comunidades Autónomas de España están divididas a su vez en provincias, una división creada en el siglo XIX como forma de organización administrativa inspirada en la figura de los departamentos franceses. Su creación, sin embargo, no se realizó en función de criterios socio-espaciales, es decir, atendiendo a las dinámicas sociales y económicas del territorio, sino simplemente territoriales, léase distancia máxima con relación a la capital provincial, entre otros. Son muchas las evidencias que sugieren que su creación no habría supuesto una reconfiguración de las dinámicas socio-espaciales, a menudo circunscritas a comarcas o subregiones. Llama la atención, como para establecer los límites de la ciudad ártabra por la zona oeste, sigue apoyándose en los límites provinciales, obviando así las dinámicas socioeconómicas compartidas con otros ayuntamientos del norte de la provincia de A Lugo, como Viveiro.

Una vez dicho esto, me gustaría aclarar que esta crítica no tiene por objetivo defender una alternativa a la Ciudad Ártabra y que podría localizarse perfectamente en el área sur de Galicia alrededor de la ciudad de Vigo. En otras palabras, este artículo no tiene por objetivo incentivar la de sobras conocida rivalidad Coruña-Vigo. Rivalidad que se manifiesta en muy diversos planos, tanto político como social y deportivo. Por el contrario, el presente artículo pretende poner en tela de juicio un modelo de territorio, el de “la gran ciudad”, que en lo que concierne a la Comunidad Autónoma de Galicia, sería de dudable aplicación. Lo sería en primer lugar porque el área A Corña-Ferrrol está muy lejos de ser un área con el suficiente dinamismo económico como para asumir el rol de “polo económico” a nivel internacional. Y sería de dudable aplicación porque, en el supuesto de que la administración autonómica (regional) optase de forma decidida por un proyecto de estas características, incurriría sin duda en un grave error de cohesión social. La existencia de dos polos económicos en la actualidad con un peso cuantitativo muy similar en el conjunto de Galicia (norte A Coruña-Sur Vigo) podría derivar en una no aceptación social en alguna de las partes y, en consecuencia, una mayor fragmentación socio-espacial. Este hecho, en un contexto de creciente globalización podría significar un paso atrás. En definitiva, plantearse cambios trascendentales en la ordenación del territorio podría ser necesario para hacer frente al declive demográfico y productivo al que se enfrenta Galicia. Sin embargo, hacerlo mediante un modelo del territorio centrípeto podría tener importantes consecuencias en términos de desigualdad territorial. Desigualdad que a su vez manifestarse en menores reservas de capital o cohesión social, así como una mayor desigualdad socioeconómicas de base territorial. En otras palabras, la existencia de un sistema urbano compuesto por hasta siete ciudades, el cual se ha ido configurando a la largo de las historia en base a la economía natural de Galicia, hace pensar que los cambios deberían apuntar hacia una mayor consolidación de un modelo policéntrico cuyas partes estarían a su vez articuladas en subsistemas urbanos correspondientes con las comarcas naturales de Galicia. Lo que se conoce como inside perspecive (Herrschel, 2014), una perspectiva que enfatiza la importancia de las redes locales, es decir, la interconexión entre los diferentes actores, pueblos y lugares en un territorio dado.

Este modelo podría perfectamente sustituir a un modelo dominante basado en la idea de una única pero grande ciudad o international perspective (Opt. Cit.). Así lo sugiere el hecho de que, por ejemplo, el policentrismo está siendo la estrategia recomendada por la Unión Europea para corregir los desequilibrios territoriales internos. Igualmente, regiones como el País Vasco, sin duda la más desarrollada del Estado español, así como países desarrollados de Europa como Suiza o Alemania; cuentan también con sistemas cuya estructura policéntrica está en base de importantes avances de tipo socioeconómico.

El artículo de Precedo, no obstante, sugiere cuál podría ser el problema y posiblemente la dirección en la que habría que trabajar, como es, la existencia de un sentido identitario complejo y difuso en el conjunto de Galicia. Lógico, por otro lado, si se piensa en el declive no sólo demográfico y económico de la región, sino también cultural, con la desaparición de elementos que la han vertebrado durante siglos como son la lengua o la existencia de una cultura milenaria compartida. Hechos todos ellos que nos recuerdan que, al final, todo cambio urbano u económico siempre debe ir acompañado de un cambio político y social. Dicho de otra forma, apostar por llevar a cabo cambios trascendentales en la forma de ordenar el territorio al margen de la dimensión social y política y adoptar así una visión más tecnocrática, podría tener consecuencias imprevisibles.

No es sólo un problema de hormigas y cigarras.

No es sólo un problema de clase (hormigas y cigarras). También existe un problema geopolítico. Las hormigas nacidas en los centros económicos (normalmente norte) tienen muchas más posibilidades de vivir con condiciones óptimas que las nacidas en la periferia (normalmente sur). Este es el resultado del proceso de globalización que se llevan gestando desde hace siglos y que ha contribuido a una fijación de los roles económicos de determinados países. Unos, meros proveedores de materias primas, otros, se dedican a “jugar al monopoli” . Y ese es también un problema que concierne al Estado español. Desde su gestación en el siglo XIX ha hecho que determinadas regiones, hoy las más empobrecidas (esto es un hecho no una opinión. Véase, por ejemplo, este artículo), hayan jugado un papel de suministrador de materias primas (con un impacto ambiental mucho mayor). Una hormiga nacida en Riotorto o en Huelva tiene menos posibilidades de prosperar que una hormiga nacida en Madrid. Así la renta per cápita de un gallego es un 35 % inferior a la de un madrileño. El Estado de las Autonomías ha corregido en gran medida esa desviación. Pero el nacionalismo español ha vuelto a las andadas y ahora hablan de que son un derroche. El cuento de “somos todos hormigas” es el cuento que lleva utilizando el nacionalismo español de izquierdas durante décadas (Cualquier día salen hablando de invadir las viejas colonias de ultramar, pues, al fin y al cabo somos todos hormigas). La realidad es que sigue habiendo un grupo de regiones que han retrocedido económicamente y demográficamente (cuando además existe un retroceso lingüístico y cultural como en el caso de Galicia, entonces el declive es absoluto). Eso, además, no ha significado que otras regiones hayan compensado dicho retroceso (véase artículo). Y es que al final algunas hormigas resultaban ser en realidad cigarras. Eso lo han entendido muy bien en Escocia, donde el independentismo avanza imparable. Las nuevas generaciones quieren tener más oportunidades en su propia tierra sin la necesidad de desplazarse a la ratonera en la que se ha convertido Londres. Y es en este asunto en el que encuentro el mayor “pero” de Podemos, es decir, un discurso “super hormiguista” que de momento no se ha posicionado con relación a la organización política del Estado como si en ello no estuviera la base de los problemas de este pais.

O Ave a Madrid tamén perxudica a Madrid

Alén de empobrecer e despoboar a periferia, o modelo radial tende a crear un centro (véxase Madrid, París ou Londres) densamente poboado, suburbanizado e pouco integrador (o que podería derivar en falta de integración de colectivos en risco de exclusión social, véxase revoltas en París e Londres). É dicir, en realidade tampouco beneficia ao centro, só as grandes construtoras e determinadas élites, favorecendo así unha cada vez maior desiguadade social de base espacial. O problema é máis complexo e ten a ver co actual modelo de desenvolvemento capitalista.

Sinking money into a pit

The Miner Plan showered tens of millions of euros on the struggling mining regions
But it failed to foment job-generating alternatives to coal of in León, Teruel and Córdoba

El poblado industrial de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), de principios del siglo XX, comprado por el Ayuntamiento con fondos mineros. / JUAN MANUEL VACAS

The Marta harks back to better times. This locomotive, built in France in 1884, should be pulling a period train right now, taking tourists through the Valley of Guadiato (Córdoba) and reverting the economic decline of this mining area.

In 2008, the Socialist mayor of Peñarroya-Pueblonuevo, Luisa Ruiz, presented the train project and claimed it would be operational by 2011. The Industry Ministry funded the restoration with a 1.4 million-euro subsidy – and that was just for phase one of the project. The money came from the Miner Plan, a fund for the economic reconversion of mining areas following the decline of coal. The Guadiato Valley tourist train was going to create 10 jobs, at a total cost of 14 million euros.

But these days, the Marta is gathering dust inside a municipal warehouse, itself a vestige of a time when the French Mining and Metallurgy Society of Peñarroya (SMMP) extracted coal out of this mountainous area in Córdoba province. There is no longer any mining activity in the town and coal production in the province as a whole has dropped from 1.1 million tons in 1997, when the subsidy plan began, to 520,000 tons in 2010. But there are no alternatives.

Peñarroya-Pueblonuevo, which is now governed by the conservative Popular Party (PP), says there is no money to complete the train restoration, and officials have filed a complaint with the Civil Guard over the alleged wrongful use of the mining subsidies. Three arrests have been made and around 10 people are under scrutiny in a court investigation into the case.

The Civil Guard has also expanded its investigation to other mining subsidies in Peñarroya. Not far from the warehouse that holds the Marta, there is a residence for people with psychological disabilities. It was built by the city using three million euros in mining funds. Construction work was completed in 2010, but the building is empty: there are no patients and no caregivers. The grey, modern-looking center sticks out like a sore thumb among all the classic stand-alone homes that housed the French engineers a century ago.

On the outskirts of town, there is yet another example of a useless investment of public funds. Inside the Antolín III industrial park, the only green shoots in sight are those growing on the brambles that cover the lots. Not a single company has ever settled down here. Next door is a tire recycling plant that also received financial support from the Miner Plan, but subsequently shut down. There is graffiti on the walls about employees not getting paid.

Carlos Luna, a miner from Ariño, in the shuttered spa in his town. / DAVID ASENSSIO

Peñarroya-Pueblonuevo, a town of 11,000, has received around 26 million euros from the Miner Plan over the last 15 years. The current mayor, María Gil of the PP, says she cannot comment on the ongoing investigation. The former mayor, Ruiz, who was arrested and released but still faces charges, declined to talk to EL PAÍS for this story.

The recycling plant and the residence both sport a sign with the emblem of the Institute for Coal Mining Restructuring and Alternative Development of the Mining Regions, an agency that answers to the Industry Ministry.

Since the late 1990s, this government body has showered millions of euros on Spain’s mining areas. Figures to 2006 (the latest year available on its website) show that 227.9 million euros was spent on building industrial parks. Many of them have no tenants. Meanwhile, the number of coal miners has declined from 50,000 in the 1980s to around 5,000 today. During that time, coal production fell from 36 million tons to six million tons in 2012.

“Transportation infrastructure and collective equipment were created, but they are lying idle. Industrial parks are empty and mining museums barely get any visitors,” notes Paz Benito, a geography professor at León University who has studied the effects of the Miner Plan in the area. “Investment has been random, with short-term vision.”

Some 750 kilometers from here, in Teruel province, a small town called Andorra built an industrial park made to measure for two businesses that were going to create much-needed jobs for its 8,000 residents, following the closure of the mines. The companies set to open here were a cement plant owned by the multinational Cemex and a branch of Castelo, a maker of prefabricated architectural elements.

On a recent day, a loud group of construction workers were taking the Castelo plant apart – it was operational for no more than a few months. Metal parts are scattered around the red-and-white building that briefly contained state-of-the-art facilities. Meanwhile, the cement works cost 84 million euros to build (of which seven million were subsidies) and currently employs a maintenance crew of two. The plant never actually opened. A Cemex spokeswoman said that, given the situation, there are no current plans for this concrete giant.

Andorra has had no mines since 2005, but it continues to live off coal. And it has failed to find alternative activities despite the public funds. The cement works was stillborn, and the dozen or so businesses that went up with public money have all left. The industrial park of La Estación, so named because it is located in the same place where the coal-filled wagons used to stop, has become a training field for all the local sports clubs.

Of the 22 billion euros in public funds handed out to the mining sector since 1990, according to the Industry Ministry, most has gone to mining companies and early retirement packages. But the 2006-2012 coal plan also financed “the transition of mining areas toward economic activities with greater added value and greater quality of human resources.” This involved investing 250 million euros a year in infrastructure (including new industrial parks) and 150 million for entrepreneurial projects. All sources consulted by this newspaper agreed that the project has met with little success and lacked proper oversight.

Jesús Magadán is sitting in his office at the Comisiones Obreras (CCOO) labor union headquarters in Ponferrada (León). He figures that in 20 years, the number of miners in this area has declined from 2,800 to 650. He also talks about companies that were created with Miner funds: “Comonor and LM [makers of wind turbines], Inoxidables del Noroeste… I can’t recall any one business that is doing well.”

A cement plant that never opened in the town of Andorra (Teruel). / DAVIS ASENSIO

Most of the companies shut down after receiving the subsidies and having remained open for five years, the minimum required by the Plan to ensure the money does not have to be returned.

The solar panel maker Cel Celis opened in 2010 after a 35-million-euro investment (six of which was public money). The inauguration was attended by the deputy premier of the regional government of Castilla y León, Tomás Villanueva. On January 19, the Industry Ministry published a note in the Official State Gazette indicating that it was revoking the aid. The decision was published here after authorities found it impossible to contact the company, which is still operational although production has ground to a halt. No solar panels are being sold.

The same issue of the gazette included 15 other cases of subsidies that were being revoked from Teruel-based businesses whose managers could not be contacted. There was a ham de-boning firm (400,000 euros in aid), a three-star hotel that was never built (393,000 euros), and a sausage factory that only functioned for two years (527,000 euros).

In the last year alone, the ministry has opened inquiries on around 100 companies whose owners have gone missing, and who had either received or were set to receive a collective 50 million euros between 2007 and 2010.

“It doesn’t make any difference whether [the authorities) ask for their funds back; those are limited corporations that have already disappeared,” warns José Luis Villares, secretary of mining for CCOO, who admits that the re-industrialization of mining areas has failed to work.

There are infrastructures, decent roads that reach remote locations and industrial parks around every corner ready to accept new corporate tenants. But there are few actual jobs.

In 2011, CCOO published a report assessing the investment plan during the 2006-2008 period: “Of the 8,789 jobs promised nationwide, only 514 were created, while 4,215 were lost [due to the drop in coal production].”

Magadán insists that the program was not poorly designed, but it just failed to work because of the crisis and the energy policies of the PP government. “The wind energy firms once employed thousands of people in León and now they barely have a few hundred workers,” explains this 49-year-old who spent a quarter of a century working in a mine. He adds that it is not easy to attract businesses to geographically isolated locations.

Thirty kilometers south of Ponferrada, in Brañuelas, Benjamín Geijo, mayor since 1979 of a village that now has 400 residents, complains about the “feeling of helplessness watching my village go downhill, and knowing that it is very hard to do something about it. There used to be 17 bars and now there are just two left.”

Funded projects that failed

The following are some of the failed projects that received millions of euros in funding from the Industry Ministry to transform the economies of mining areas.

– Six million for solar panels. The Cel Celis solar panel manufacturer opened in 2010 in San Román de Bembibre (León), after an investment of 35 million euros (six million of which came from the Miner Plan). The company is now negotiating with creditors to avoid filing for bankruptcy. On January 19, the Industry Ministry announced in the Official Gazette that it was initiating proceedings to revoke state aid from a company that was originally going to create 150 jobs in the area.

– 3.5 million for medicine. In 2002 the ministry approved 3.47 million euros in aid to the pharmaceutical company Diasa Pharma, which was going to invest 8.67 million in a new plant in Turón (Asturias), providing jobs for 90 people. The company committed to maintaining those jobs through to October 2010, but in May 2009 it had a meeting of creditors and is already being liquidated, according to the local press.

– 31 million for a photovoltaic plant. Silicio Solar, a unit of a Ukrainian company, received 20.9 million euros in 2007. The plant, which was located in Puertollano (Ciudad Real), also secured 10 million in regional funds released by the Economy Ministry. It became the largest photovoltaic manufacturing plant in Spain, with nearly 500 employees. Industry sources said it shut down last December.

– 2.1 million for prefabs. In 2009, the Galician company Castelo, which makes prefabricated architectural elements, opened up its most modern plant in Andorra (Teruel) and shut it down in December 2010. It received 2.1 million euros in aid in 2007 and only created 25 out of the 100 jobs it promised.

Geijo speaks inside a restaurant near the A-6 motorway, a favorite stop for truck drivers. Brañuelas never had any mines, but it did have the train station for the coal that came out of the mountains.

Geijo, a Socialist, recalls that the mining funds allowed him to build a seniors’ residence, a business incubator and an industrial park. The only tenant in it is a company owned by Magín Fernández Feliz, 63, who treats granite and slate for use in cemeteries and roofings. “I didn’t get Miner funds, and I almost prefer it that way,” he says. Although he once had up to 12 workers, the staff is now down to himself and his business partner. But Fernández Feliz hopes that an upcoming deal to send slate panels to Germany will reactivate production.

“What should be getting reconverted around here are the people, rather than the region. The miners are retiring early with good pensions and they don’t like to take any risks. They pay for their children’s studies and help them leave the area, but they don’t invest their money. If someone wants to get this land back on its feet, it’s got to be us – we can’t wait for the Japanese, the Germans or the Americans to come do the harvest in our place,” he says.

The region of Aragón has received 350 million euros in state funds for infrastructure and 76 million more for business ventures over the course of 15 years. The regional industry commissioner, Arturo Aliaga of the nationalist Aragonese party PAR, says matters have been conducted “exquisitely” and blames the crisis for wiping out the businesses that came to Teruel through the Miner Plan.

But he underscores another hurdle to reconversion: social pressure from the mining areas to bring projects to their villages. “Did Andorra need three industrial parks? If we hadn’t built them, they would’ve killed us. Ask the man who was mayor then, from the United Left.”

In Ariño (Teruel), with a population of 900, it has been 10 years since the first stone was laid for the spa that was going to turn the local economy around. But the wellness center was never finished, and the village is still dependent on coal. Mayor Joaquín Noe goes down to the mine every day. Carlos Luna, a Socialist councilor and a miner until he recently retired, still has his hopes pinned on the spa project, which is supposed to employ around 30 people once it is up and running. “The Miner Plan was not shared out properly; it was every man for himself, and things can’t work that way,” he says.

Yolanda Casaus, a Socialist councilor for Andorra and a congresswoman for two terms during which she focused on coal issues believes that the main problem was “planning, which was more aimed at individual villages than at the whole.”

The subsidies are handed out by a group of around 20 individuals representing the regional and local governments and the unions. This group, known as Mesa de la Minería, meets at the request of the regional government, after projects have been run through a technical committee.

But Casaus feels that these meetings, which could go on for hours, were never fully transparent, leading to the approval of a few initiatives “that did not make a lot of sense for a territory like Teruel. Aragón has built industrial parks to grow poppies.”

Naturally, not all subsidized companies have collapsed. Casting Ros, in Utrillas (Teruel), makes auto parts and has become the driving force in the region. In this case, subsidies – including some from the Miner Plan – were essential to its survival. In 2008, Casting Ros had 500 workers, but a drop in production has reduced the staff to around 300.

“The funds did not produce an obvious result,” says Paz Benito, the geography professor from León University. “While I wouldn’t say they were a failure, it is obvious that they did not stem the economic apathy or the depopulation drive.”

Julio Lago, who teaches economics at the same university, had this to say to anyone attempting to obtain hard data on the Miner Plan’s results: “I tried to do a study, but when I asked the Coal Institute for figures, they didn’t give them to me. So good luck with that.”

Fermín Rodríguez, director of a center at Oviedo University, also came up with a project to evaluate the subsidy program, but says the ministry did not seem overly enthusiastic. He remembers that at the beginning of the Miner Plan, mayors would ask and the Industry Ministry would provide: “One wanted a bowling alley, another a drinking trough. It hasn’t been a model of good management.”

A source who worked at the ministry a few years ago explains how the Miner Plan was viewed from the inside: “The regions and the unions would present their projects, and the ministry would pay and look the other way. Nobody wants an assessment of that program because it is not in anybody’s interests that one be carried out.”

But the United Left coalition in León insists on an audit. “There have been subsidy hunters; companies that opened up, operated for the shortest possible time, then shut down without any control,” says Santiago Ordóñez, the coalition coordinator in the province. “Neither the Socialists nor the PP nor the unions want to analyze what happened to the money.”

Original Source

“How Spain’s bloody history gave it the world’s highest concentration of elevators?”

(Original source: MATT PHILLIPS Oct 14, 2014. Quartz)

When you think about Spain, the first thing that pops into mind is undoubtedly one word: Elevators. No? Well, maybe it should be. Compared to other countries, Spain’s elevator supply looks remarkably, well, elevated.

At face value, there’s a pretty simple reason why. Spaniards are some of the world’s pre-eminent apartment-dwellers. In 2012, roughly 65 percent of the population lived in apartment buildings, much higher than the euro-area average of 46 percent. (The only other European countries that compare to Spain in terms of apartment-living are Latvia and Estonia, which are both also around 65 percent.)

That seems straightforward enough, except when you consider the fact that unlike many of the other big apartment-dwelling nations, the Spanish don’t rent. They own. In fact, only Ireland has as high a rate of homeownership, and yet only 5 percent of the Irish live in flats.

Spain hasn’t always been such a hotbed of homeownership. In fact, well into the 1950s, less than half the population owned their homes. That jumped to more than 80 percent over the next half century.

How? Largely through the muscular policy of Francisco Franco, the dictator who ruled Spain from the end of the civil war in 1939 until his death in 1975.  As we know, one of the many lasting side effects of wars is ugly housing shortages. The Spanish Civil War, which was an awful warm-up to World War II, was no different.

Before the hostilities began, Spain had had an influx of rural migrants into the cities. That resumed after the war, exacerbating a shortage of housing.

Meanwhile, in an effort to short up popular support, the Franco regime instituted heavy-handed regulations on the rental sector, starting with the Urban Tenancy Law of 1946. As a Spanish central-bank economist, Juan Mora-Sanguinetti, wrote in 2011 [pdf]:

The interventions were severe. The tenant’s protection against eviction was unlimited. Even close relatives of the tenant were able to succeed him as tenants in the same dwelling and benefiting from the same conditions. With respect to rents, the Law established fixed one-time increments in the rent paid for apartments leased before 1939 and freezed [sic] the rents in respect of all new contracts.

Overly restrictive regulation made it difficult for landlords to earn profits on their properties, discouraged maintenance, and deterred additional building. Housing quality deteriorated sharply and the supply of housing continued to run short.

By the 1950s, the government recognized it needed to shift its stance. “We want a country of proprietors, not proletarians,” Franco’s housing minister famously said in 1957.

Under the new policy, the government incentivized landlords to begin selling their properties to their tenants at very low prices. Sales took off, and new legislation followed [pdf, in Spanish] codifying propriedad horizontal, or joint ownership—what in America would be called a condominium. Economists Anna Cabré and Juan Antonio Módenes wrote in 2004 (pdf):

The law created a legal basis for massive investment in new buildings that would be sold by individual flats and apartments. Movement to the cities, high employment, the virtual absence of urban land use regulations and norms, and skyrocketing inflation did the rest. Rural migrants brought their savings and invested them in stone (or should we say concrete?). Young couples bought cheap and comparatively small apartments in new areas of the expanding cities. Middle-aged families left the historical centers and improved their standard of living by acquiring new and better-quality flats. And steady employment at inflated wages helped all of them pay their mortgage. In a matter of years, homeownership had become the goal of most Spaniards.

It’s worth noting that the U.K. undertook a similar program of turning over decrepit, government-owned “council housing” and transforming its tenants into owners during the Thatcher years. But that—see the second chart above again—didn’t turn Brits into a nation of flat-dwellers.

Perhaps the key to understanding Spanish housing patterns is to look beyond the Franco regime’s rules on renting to its economic policies overall. In the first two decades after the Civil War, Franco tried to run the country as a totally independent economic entity, closed to trade—an autarky. Under such a system, which was government-dominated, agricultural land usage was of paramount concern.

In part because of that, city growth period was hemmed in by planners in order to help preserve nearby agricultural land. “In Spain compact, dense urbanization has been favored,” wrote Módenes, a lecturer in human geography at the autonomous University of Barcelona, in an email to Quartz.

Top-down planning gave rise to relatively high-density urban building, often by politically connected construction companies in a building boom that stretched from the 1960s into the late 1970s.

“The dominant form of this housing was estates (apartment complexes) with over 1,000 dwellings,” wrote then Harvard academic Eric Belsky and colleague Nicolas Retsinas, in a paper on the Spanish housing market (pdf) back in 2004. “These estates replaced many of the shantytowns that developed near cities like Barcelona and Madrid in the late 1940s and early 1950s.”

Thus was the modern Spanish city born.

So, given its autocratic origins, it’s hard to argue that Spaniards choseapartment living. But it now seems to suit them fairly well. Spaniards spend no more than the average on shelter—roughly 20 percent of their disposable income—yet 94% of them say they’re satisfied with their current housing situation, one of the highest satisfaction ratings in the OECD and well above the 87 percent average.

In fact, some argue that the Spanish might, if anything, be too comfortable staying in their current homes. The flip side of Spain’s sky-high homeownership rate tends to be a relatively low rate of labor mobility [pdf], since it makes matching would-be workers to open positions more difficult. And that make it all that much tougher for the country’s battered economy to recover.